Los parámetros del Régimen Penal Tributario no se modifican desde el 2018, pese al crecimiento en los indicadores de precios y a la escapada del dólar

Está dicho: la falta de actualización de los parámetros impositivos en un contexto inflacionario como el de la Argentina es muy malo. Más si, como en nuestro país, no existe un mecanismo de ajuste automático.

En situaciones como estas, se pierde la real magnitud de la capacidad contributiva de las personas y de las empresas. O, dicho sin tecnicismos, cualquiera puede pasar a pagar impuestos y, los que ya lo hacen, terminan pagando cada vez más.

Ejemplos hay muchos: desde los monotributistas que se ven forzados a pasar al Régimen General sin mediar un crecimiento real, hasta los empleados en relación de dependencia cuyos sueldos se ven flaqueados por el efecto del Impuesto a las Ganancias.

Ir a la cárcel por evasión es cada vez más sencillo

La lista puede sumar más casos, pero la esencia es la misma: cada vez se paga más en términos proporcionales, aun cuando los incrementos en los valores de las operaciones o los aumentos en los sueldos sólo hayan acompañado a los indicadores de la inflación.Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Sasovsky & Asociados

En todos estos escenarios, no obstante, el problema es de dinero. Cuánto más se destina a las arcas del Estado, menos entra al bolsillo del contribuyente y los márgenes de ganancias son cada vez más chicos. Las decisiones son meramente financieras.

Lo preocupante es cuando la falta de ajuste de parámetros puede convertir a un mero incumplidor en un evasor, ya que lo que está en juego en este caso es la libertad de las personas. Ni más, ni menos.

¿Esto es tan así? Sí, ya que los que determinan la condición objetiva de punibilidad son los valores establecidos en el Régimen Penal Tributario, y esos valores fueron modificados por última vez en el 2018 (con la Ley 27.430).

Desde el último ajuste, cuyo texto reemplazó a la vieja Ley 24.769, hubo inflación y devaluación. Un combo que termina acercando cada vez más peligrosamente a la cárcel a los contribuyentes que no pueden pagar sus impuestos.

Insistimos: la diferencia que hay entre un mero deudor y un evasor que puede ir a prisión por no pagar sus impuestos (según establece el Régimen Penal Tributario) radica, fundamentalmente, en el monto de los gravámenes no ingresados.

Según el texto normativo, por ejemplo, un contribuyente que no pagó su declaración jurada anual de Ganancias que arrojó un pago de $1.499.999 será un simple deudor. Ahora bien, si esa cifra fuera de $1.500.001, podría pasar tras las rejas una temporada de entre 2 y 6 años.

Medidos en dólares, el piso a partir del cual una persona puede ser considerado un “evasor simple” pasó de unos u$s38.900 a fines del 2018 a poco más de u$s16.800 en 2020 (ambos valores considerando las cotizaciones vendedor del Banco Nación de los últimos días hábiles de cada año).

Una deuda pendiente

Para que este tema se solucione basta con que el Congreso de la Nación analice y apruebe el proyecto presentado en 2019 que fija los montos de la Unidad de Valor Tributario (UVT).Ir a la cárcel por evasión es cada vez más sencillo

Precisamente, el UVT nació con la Ley 27.430 como una “unidad de medida de valor homogénea a los efectos de determinar los importes fijos, impuestos mínimos, escalas, sanciones y todo otro parámetro monetario contemplado en las leyes de tributos”.

En la norma se fijaba que el Ejecutivo debería elaborar un proyecto en el que se establezca “la cantidad de UVT correspondiente a cada uno de los parámetros monetarios” de los impuestos y del Régimen Penal Tributario.

A fines de noviembre del 2019, el Gobierno cumplió con su obligación (aunque fuera de los términos previstos en las normas) y presentó la iniciativa. Sin embargo, el texto nunca fue discutida en el recinto.

Por ende, la clave para destrabar el eterno problema de los atrasos está en el Congreso. No obstante, los legisladores parecen estar más preocupados en resolver los problemas a corto plazo que en analizar cuestiones de fondo. Sino, pregúntenle a la Ley de Coparticipación.

Con un Parlamento anestesiado, sólo resta preguntarse cuál es el objeto de mantener un sistema donde los parámetros quedan desactualizados en cuestión de meses, las actualizaciones son azarosas y caprichosas, y los impuestos terminan perdiendo de vista la meta por los que fueron creados.

Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Sasovsky & Asociados

Fuente: iProfesional